4.02.2015

En manos de Madrid, de Gregorio Martín (LEVANTE-EMV, 30/03/2015)

El lunes 25 de mayo es el día siguiente a conocer los resultados de las elecciones del domingo y los valencianos entonces sabremos quienes pueden tener la posibilidad y/o la obligación de ocupar la Presidencia de la Generalitat Valenciana (GV). Precisamente el lunes, es el día de la semana en que habitualmente sale este Pensat i escrit. En el de hoy intentamos iniciar una serie de ocho, hasta el lunes previo a las elecciones, donde pretendemos escribir algo más que reflexiones sobre el pasado y hablar de soluciones futuras. La deuda de la GV ya ha alcanzado la formidable cifra de 40. 000 millones, resultado de sumar a la deuda financiera reconocida, la deuda comercial actual (facturas pendientes y demás) que ya debería estar abonada y que está a la espera de nuevos préstamos, que parece estar en camino. En otras palabras, si en este Lunes Santo, los valencianos tuviéramos que liquidar la deuda de la GV deberíamos aportar cada uno, alrededor de 8.000 euros para cancelarla.
El riesgo que corren los servicios públicos que gestiona la GV es tan alto, que a pesar de estar en precampaña electoral, hay que poner sobre la mesa la trascendencia del problema para todos los valencianos y las condiciones de contorno en las que sería posible una solución. Todo ello evitando juicios morales excesivamente negativos. Aunque suene a pretencioso, alguien deberá bajar el diapasón durante este período preelectoral, cuando la gresca seguirá una escalada inevitable. Puesto que el ejercicio es posible que no sea un ejemplo de corrección política, intentaremos que, al menos, sea prudente y riguroso.
Empecemos reconociendo que en las distintas esferas de la GV, del Gobierno central y de la oposición, habitan personas dispuestas, tanto a afrontar el problema de la continuidad de nuestra autonomía, como a encarar la pésima imagen que de nosotros han dejado algunos de nuestros gestores en lugares próximos (Madrid y Barcelona) o más lejanos (Bruselas y Francfort). Aquellos que a partir de 25 de mayo pretendan y puedan gobernarnos desde el Palau, se encontrarán con una deuda tan monstruosa que deben saber que no podrá superarse ni con un fácil discurso victimista, ni con la palabrería propia del meeting enfervorecido, ni siquiera con una posible denuncia judicial, de final lejano. Son otras, aunque menos llamativas, las metodologías a usar si se aspira a mantener la continuidad de nuestro proyecto de entidad colectiva que llamamos GV.
Haga cada candidato su trabajo. Pedir el voto a los ciudadanos es su obligación y su derecho legítimo, pero piense en el día después. Ni el discurso partidista del día anterior, ni la confusión del deseo con la realidad van a ser útiles. En todo caso, solo humanamente comprensibles como personifican en estos días dos hombres jóvenes como Alexis Tsipras y Yanis Varoufakis de la adolescente Syriza.
Afortunadamente, los 40.000 millones de deuda de la GV no hay que devolverlos en esta Semana Santa. Como es sabido, el Gobierno central, a lo largo de tres años de forma continua, ha ido prestando los fondos que la GV ya no podía conseguir en el sistema crediticio nacional e internacional. Al principio, se hizo cargo de aquellos préstamos con los bancos extranjeros que iban venciendo; después fueron los déficits que estaban autorizados por los acuerdos con Europa; siguieron las facturas que alguien había estado guardando en los cajones en un ejercicio ingenuo de ignorar la realidad; a continuación los compromisos mas urgentes (farmacia, enseñanza concertada, dependencia, universidades, etcétera) y así sucesivamente, hasta que el Ministerio de Hacienda ya controla el 60 % de la deuda de la GV. Luego, antes de plantearse la intervención de la GV, a la que políticamente no podía llegar, el Gobierno declaró la deuda en su poder como exenta de intereses y alargó los plazos para su devolución.
A pesar de todo ello, seguramente la GV ya estaría intervenida pero ocurrió que el viento financiero de Europa viniera de cola y los préstamos a los que el Gobierno central tuvo que recurrir para taponar las finanzas públicas, incluidas las de las comunidades autónomas como la nuestra, bajaron drásticamente. Es esta circunstancia lo que ha permitido el interés 0 % del que previsiblemente va a disfrutar la GV en 2015 y el 0,82 % prometido para 2016. En contra de ello, el año 2014 se cerró con más déficit del esperado (2,39 % del PIB) lo que va a suponer más incremento de deuda. En el fondo tampoco hay que olvidar el riesgo de lo que ocurra en Grecia, un devenir que puede poner al euro en una situación delicada. Sería el momento en el que los salvavidas en forma de Fondo de Liquidez Autonómica y de Plan de Pago a Proveedores interrumpirían su generosidad actual con la GV.
Deseando entrar en el debate de la búsqueda de una solución de las finanzas de la GV, no puede ocultarse que en las condiciones actuales buena parte del diseño hecho de las comunidades autónomas tiene un futuro inviable. En otras palabras, o bien se encuentra una solución asumida y explicada (federal, confederal, recentralizadora... la decisión debe ser escrupulosamente democrática) o la España de las autonomías se saldará con un fracaso histórico. Ello significa que sin una financiación radicalmente nueva, nuestra convivencia como Estado no va aguantar nuevas crisis económicas, ni siquiera un empeoramiento de la que estamos viviendo. Decir esto equivale a afirmar que el Estado de bienestar está mucho más en el alero de lo que mucha gente imagina y hay que salvarlo en lo que sea posible.
Un mínimo principio de solidaridad y juego limpio obliga a la sociedad valenciana a pedir alguna garantía de que esta especie de gota a gota que el Gobierno central está aplicando, a través de mecanismos basados en préstamos a interés cero, no va a reconvertirse en algo más duro, a causa del resultado electoral que puedan darse el 24 de mayo, y lo que no es menos importante, tener una cierta garantía de que las reglas que han llevado a esta deuda de la GV van a evitarse a toda costa. Desde la convicción democrática hay que pedir a todos los partidos que presenten en sus programas una respuesta clara a las dos cuestiones anteriores y que no se limiten a utilizarlas como mera arma arrojadiza en la contienda electoral.
Tan enorme es la cantidad de 40.000 millones de euros, que su digestión puede necesitar un esfuerzo común muy generoso y no menos inteligente, por parte de todos. Hablamos de un análisis que supera las divergencias propias de todo debate, en particular el derivado de un proceso electoral.
Continuará.