Las cloacas son el ecosistema propicio para la inmundicia, las cucarachas y las
ratas. Por eso las administraciones públicas tienen en el control de los alcantarilla-
dos y aguas sucias una de sus principales obligaciones para garantizar la salud
pública de los ciudadanos. Por desgracia este mandato suele ser muy pronto olvi-
dado cuando de lo que se habla es de las cloacas del estado. En este caso, no solo
es común que los gobiernos prefieran mirar para otro lado, sino que a menudo
sucumben a la tentación de alimentar a las mismas ratas que deberían perseguir
para asegurar la salud pública de la democracia. Lo estamos viendo estos días con
el nauseabundo culebrón del comisario Villarejo. El currículo de este siniestro fun-
cionario público, hoy jubilado, es la radiografía perfecta de esas cloacas donde las
fronteras entre la legalidad y la criminalidad se difuminan en empresas ilegales,
sobornos, periodistas corruptos o luchas internas de poder encarnizadas entre ser-
vicios secretos. Sin embargo, no faltan desde el poder quienes en lugar de perse-
guir este tipo de hechos, ven en la falta de escrúpulos de estos personajes una
oportunidad para sus intereses. La implicación de Villarejo en la supuesta puesta en
marcha, desde la cúpula de Interior, de una policía política paralela para espiar a
Podemos y políticos catalanes en beneficio del PP, es una muestra palpable de
estos comportamientos.
Lo más preocupante es que casos como el de Villarejo no son episodios aisla-
dos. Encontramos historias igual de turbias y espeluznantes en nombres como
Francisco Paesa, figura clave en la guerra sucia antiterrorista o en las tropelías
corruptas de Luis Roldán. O el ultraderechista Emilio Hellín Moro responsable del
asesinato en 1980 de la joven militante de izquierdas Yolanda González, que salió
de la cárcel para trabajar directamente para la Guardia Civil. Los lazos entre estos
personajes y la ultraderecha tampoco son una anécdota. El propio Villarejo mantu-
vo confusas vinculaciones con la trama que ejecutó el golpe de estado del 23F. No
en vano, inició su carrera policial en los últimos años de la dictadura. En aquella
época no existían las cloacas del estado, porque todo el estado era una inmensa
cloaca. Lo estamos rememorando también estos días con la querella presentada
contra Antonio González Pacheco, alias
Billy el Niño figura clave de la brigada político-social
y responsable de torturar a decenas
de obreros y estudiantes antifranquistas. La Ley de Amnistía dejó impunes
sus crímenes.
El punto y final que la
Transición se apresuró a decretar respecto a los crímenes de la dictadura dejó
abiertas muchas heridas que siguen precisando ser cerradas. Y lo que es peor, dejó
abiertos muchos vasos comunicantes entre las cloacas. Por ellos se colaron algu-
nas de las prácticas de corrupción que hoy corroen los cimientos de nuestra demo-
cracia. Y no pocos personajes siniestrs como el comisario Villarejo o Billy el Niño.
Plaza redonda
Sí, fue amnistía fiscal.Cristóbal Montoro mintió diciendo que no lo era. Lo
sentenció el Tribunal Constitucional. Motivo de sobra para que el Congreso
pidiera y obtuviera su reprobación. El de Hacienda es, tras el titular de Justicia, el
segundo Ministro reprobado del ejecutivo de Rajoy.
En sede parlamentaria, Montoro reconoció que la amnistía fiscal fue el
cebo para “los pececitos que están en el fondo del mar”. O los cebas o se van a
otra charca. El resultado ha sido que el Estado ha blanqueado las cuentas de
numerosos defraudadores, entre ellos algunos destacados personajes de la
política hispana (Rato, los Pujol, Bárcenas,...), a cambio de nada. Lo recauda-
do por las arcas públicas ha sido una mínima parte de lo defraudado. Negocio
redondo para los chorizos. Por si su amnistía fiscal no fuera suficiente moti-
vo para reprobarle, la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al despacho
que fundó el ministro en 2006 por prevaricación y tráfico de influencias. La
empresa Equipo Económico se llevó en 2012–siendo Montoro titular de Hacien-
da- un contrato con las Cámaras de Comercio de 2 millones de €, y sin con-
curso público. Más claro agua
EL IBI DE DIOS
Claro que para amnistía fiscal
la que goza la Iglesia Católica
S contribución a las arcas del Estado es mínima. Se
acoge al Concordato de 1978 para no pagar tributos por sus propiedades. Ni
IBI ni ninguna contribución, aunque sea por inmuebles de los que saca benefi-
cio. Su desvergüenza es tal que no se arredra ni en pedir subvenciones para
mejorar sus lucrativas propiedades. Ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea quien ha dicho que “las exenciones fiscales de laIglesia Católica en
España pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan en rela-
ción con actividades económicas como la enseñanza no subvencionada”. Y es
que el colegio de los Escolapios en Getafe pidió al Ayuntamiento la devolu-
ción del importe gastado en la reforma del centro. Que las amnistías de Monto-
ro y de la Iglesia coincidan con la Declaración de la Renta no deja de ser una
casualidad que aumenta la indignación del probo contribuyente. Europa Laica
estima en 2.000 millones de € lo que la Iglesia Católica defrauda al Estado.
València es un ejemplo de cómo se han ido visibilizando los dominios de la
Iglesia Católica y su ocupación del territorio. La calle Guillem de Castro, por
ejemplo, parece un Parque Temático de la Universidad Católica patrocinado por
el Arzobispado. Hasta ocupan propiedades que no son suyas, como el edificio
de la Misericordia, obra de caridad de la familia Monforte que no es raro que ter-
mine en los tribunales.
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